La Policía de la Provincia de Córdoba atraviesa una profunda crisis. Los responsables políticos están recibiendo desde hace mucho tiempo una serie de cuestionamientos por parte de propios y ajenos a raíz de hechos que ponen en duda la capacidad de la fuerza para frenar los altos niveles de inseguridad que hay en la provincia.
Las críticas arreciaron en los últimos días tras el asesinato de Jonathan Romo en La Falda durante su detención y de la denuncia de Julio Faría, el ex responsable de Derechos Humanos de la fuerza quien públicamente afirmó que la Policía no contaba con los recursos y la formación básica para desarrollar su tarea.
Los cañones apuntaron contra el riocuartense Alfonso Mosquera, Ministro de Seguridad, a quien desde la oposición directamente le pidieron la renuncia. El funcionario negó los déficits señalados y dijo que de ninguna manera iba a abandonar su cargo: “Quién reclama mi renuncia, puede desgañitarse pidiéndola que no la voy a otorgar, porque tengo una misión”, afirmó ante los medios capitalinos.
Uno de los que alzó su voz para pedir la dimisión de Mosquera fue el ex intendente de Río Cuarto, actual legislador provincial y presidente del bloque de la UCR, Juan Jure.
Entrevistado por Otro Punto, Jure aseguró que “la mayoría de los cordobeses tenemos miedo y eso se debe a que en Córdoba hay un gobierno que tiene una agenda que no tiene que ver con lo que le pasa a la gente”.
-El tema de la inseguridad en la ciudad y en la provincia da la sensación que ya se transformó de recurrente en permanente. ¿Cuál es su visión y cómo cree que lo están afrontando el gobierno provincial y la Municipalidad?
Nosotros venimos manifestando desde la Legislatura desde hace bastante tiempo que a través de varios pedidos de informes y presentación de proyectos, el pedido de la presencia de funcionarios y específicamente del ministro de Seguridad a que vaya a la Legislatura que es el ámbito que corresponde a dar las explicaciones, a contarnos cuál es el plan rector que en materia de seguridad que tiene la provincia y la verdad es que, más allá de la gran preocupación que tiene que ver con esta situación de gran inseguridad en el territorio provincial, la otra gran preocupación es la respuesta del Gobierno.
-¿Cuál es?
El silencio absoluto.
-¿Nunca fue (Alfonso) Mosquera a la Legislatura?
No, no dan respuestas, no contestan los pedidos de informes, el mirar para otro lado. Porque en definitiva lo que nosotros creemos y lo que hemos planteado es que no solamente a los dirigentes de la oposición deberían convocar para que entre todos podamos encontrar un camino común para poder abordar esta problemática sino que además, deben explicaciones a la sociedad en conjunto, a las distintas instituciones. Y la verdad es que lo único que vemos es una prolífera campaña de márketing y publicitaria en todos los medios de comunicación donde la acción que se ve repetida es la acción de entrega de algún material o el compromiso de asumir en algún momento determinados elementos para la policía, cuando en realidad ese no es el problema principal. Hace poco tiempo salieron a la luz los dichos del Director General de Recursos Humanos de la Policía, quien además de decir que no había recursos, que no había policías formados, de los 22.000 policías de la provincia solo 16.000 estaban en funciones.
Pero además, el dato más preocupante es que solo entre el 10 y el 15% estaban en condiciones de estar en la calle. 40% de esos policías no tenían ni siquiera aprobado el curso de tiro.
-Pero Mosquera ha declarado que hay polígonos virtuales en los que están trabajando y practicando los agentes policiales. Relativizó todo esto que usted está diciendo.
Bueno, estas explicaciones que solo se limitan a ser muy escuetas y en los medios de comunicación, las deberían dar en donde corresponde, en la Legislatura. Y hay, vuelvo a decir, una situación de preocupación porque en la gravedad de la situación nosotros lo que vemos de manera permanente es un gobierno que no reconoce el problema, que no lo pone arriba de la mesa para darle la mayor visibilización porque es la única forma en la que podemos abordarlo. Pero prefieren minimizar estos inconvenientes, estas dificultades y este grave problema que tenemos en la provincia. Hablamos con los intendentes todos los días.
Y esto ya no es más una problemática de las grandes ciudades de Córdoba. En cada pueblo, en cada localidad, de norte a sur y de este a oeste de esta provincia, la inseguridad es el principal problema que tienen los cordobeses. Y sumado a esto la falta de recursos con la que cuentan, todos los días que hablamos con los intendentes, son los intendentes los que hasta tienen que poner el combustible en los patrulleros. En las localidades donde hay autos policiales.
Entonces es una problemática grave, profunda y que además no es abordada ni con la responsabilidad ni con la decisión que tiene que tendría que tener el Gobierno.
-¿Por qué dice que la inseguridad no es una prioridad para el Gobierno provincial?
Pueden haber muchas razones pero lo que sí digo es que después de tantos años de gestión, más de 23, este Gobierno ha perdido la iniciativa y la sensibilidad para ver las principales preocupaciones que tienen los vecinos.
Por el otro lado, en la agenda de prioridades, que por supuesto para nosotros y lo vivimos reclamando, tiene que ver con la seguridad, con el costo Córdoba, que es una de las provincias que mayor presión tributaria tiene en la Argentina, y esto la hace poco competitiva y también se generan nuevos inconvenientes a partir de esta situación como por ejemplo la caída del empleo, el crecimiento de la pobreza, consideramos que estos son los problemas importantes que deberíamos estar discutiendo.
Paralelamente vemos que para el Gobierno provincial una de las prioridades es el tema de la re reelección, que es un tema que creo yo le importa muy poco a los vecinos de la provincia. No es un tema prioritario y menos en esta situación general.
-Es preocupante sobre todo porque Córdoba, siendo una de las provincias que más riqueza genera, tiene peores números que el conurbano bonaerense en lo que son las estadísticas de pobreza, desempleo, trabajo informal, con lo que eso implica para el aumento de la inseguridad. Pero el gobernador dice que no es su responsabilidad sino del gobierno nacional. ¿De quién es entonces la responsabilidad según usted?
Yo creo que después de 23 años de estar gobernando esta provincia decir que no se tiene responsabilidad es al menos un acto de no hacerse cargo y cuando uno no se hace cargo lo seguro es que no vaya a modificar la realidad y esto, repito, es lo más preocupante de todo.
En Córdoba hay un gobierno que tiene una agenda que no tiene que ver con lo que le pasa a la gente y que sí está muy preocupado por lo que le pasa al mismo gobierno. El intentar avanzar sobre la re reelección los pinta de cuerpo entero. El estar haciendo una profusa e imponente inversión en marketing, pensando más en las elecciones del 2023 que en las necesidades que tienen los cordobeses, también los muestra como lo que son. Tener un intendente en Córdoba Capital (Martín Llaryora) que publicita en Río Cuarto y en cada una de las localidades de la provincia cada vez que inaugura una plaza en Córdoba capital, también lo pinta de cuerpo entero. Tener un intendente que en este momento de profunda crisis económica y social en el país y en la provincia decide gastar 60 millones de pesos para cambiar las cortinas del despacho, lo pinta de cuerpo entero.
Creo que a estas alturas Hacemos por Córdoba ha perdido la brújula y esa orientación tan clara que tenían hacia dónde debían ir en la representación de los intereses de los cordobeses.
-Y en Río Cuarto, ¿cómo lo ve? Porque estuvo el gobernador Schiaretti con el intendente Llamosas anunciando que van a instalar domos y alarmas comunitarias.
En Río Cuarto hacen lo mismo que en toda la provincia. Es más, yo que estoy en Córdoba por mi función de legislador, veo que se lanzan allá los mismos programas que acá en Río Cuarto. Y esto por supuesto responde a una política global. El plan invierno tuvo las mismas características comunicacionales tanto en Córdoba capital como en Río Cuarto.
-¿Usted dice que las políticas que se llevan adelante en Córdoba se replican luego en Río Cuarto?
Si, me parece que hay un modelo general que tiene que ver con que todo se decide en el Gobierno provincial y es bajado luego a las distintas ciudades y localidades de la provincia. Pero vuelvo a decir, hay hoy un modelo de Gobierno en Córdoba que está más preocupado por las elecciones en 2023 que por cómo transitamos esta situación de dificultades, de complejidad y de angustia de la gente, producto de la crisis general.
-Vuelvo a Río Cuarto. En 2019 hubo una ola de asesinatos durante todo ese año como nunca había ocurrido en toda la historia de la ciudad, después vino la pandemia y por la cuarentena bajó bastante la cantidad de delitos. Pero en 2021 volvimos a tener muchísima violencia urbana y aumentaron mucho los robos, situación que no se ha modificado significativamente en este año. ¿Usted cree que debería ocuparse el intendente municipal de estas cuestiones relacionadas con la inseguridad?
A mi lo que me parece es que la responsabilidad fundamental es del gobierno provincial lo que no quiere decir que no haya una preocupación por parte del gobierno local, que esté en el reclamo permanente de las políticas de seguridad que tengan que aplicarse en la ciudad de Río Cuarto.
-¿Tiene margen Llamosas, cree usted, para hacerlo?
Yo creo que si porque el principal compromiso que tiene un intendente es con la gente de su ciudad y no con las instancias superiores de gobierno.
-Cuando Llamosas asumió creó un ente, el EPU, que, por distintos problemas, no pudo funcionar como se había diseñado originalmente. ¿Usted cree que debería implementar algo el gobierno municipal como para colaborar con la seguridad?
No puedo hablar mucho del gobierno provincial porque no conozco las acciones que están haciendo, estoy trabajando en el ámbito legislativo y hablo de lo que verdaderamente conozco.
-¿Pero usted no tiene conocimiento de lo que pasa en Río Cuarto? Vive acá todavía.
Sí creo que de la misma forma que el gobierno provincial debe colaborar con el municipio, el municipio debe acercar las peticiones, las preocupaciones y, por supuesto, las alternativas posibles que se podrían desarrollar en la ciudad. Lo que no puedo decir es que esto no se haga, la verdad es que no lo conozco. Sí creo que debería hacerse.
-¿Y cree que alcanza con lo que anunciaron de que van a instalar cámaras en la vía pública y alarmas comunitarias?
Evidentemente eso no alcanza porque además dicho por el ahora ex Director General de Recursos Humanos de la Policía, los elementos que son mostrados en los distintos actos públicos no son después los elementos con los que cuentan efectivamente y cotidianamente los agentes de la policía
-Ustedes como legisladores, ¿reciben las inquietudes sobre los problemas de inseguridad?
Si y nosotros las presentamos, las planteamos y de manera permanente esperamos la convocatoria para la discusión de estos temas. No somos una oposición cuyo interés sea marcar los errores y solo criticar. Nosotros hemos puesto de manera formal nuestra voluntad para colaborar, para participar, para discutir, para sumar en la búsqueda de soluciones porque en definitiva esto no tiene que ver con oposición y gobierno, tiene que ver con lo que le pasa a millones de cordobeses y creemos que esa es nuestra primera responsabilidad, estar a disposición y al servicio de las necesidades de la gente.
Lamentablemente no hemos encontrado eco en quienes tienen la principal responsabilidad que son quienes hoy gobiernan. Vuelvo a decir, hoy en Córdoba uno de sus principales flagelos es el tema de la inseguridad y no hemos encontrado respuestas por parte de los funcionarios, no solo para dar explicaciones, sino que vayan a contarnos cuál es el programa que se pretende aplicar que, evidentemente, a estas alturas lo que se ha hecho en materia de seguridad ha fracasado por el lado que uno lo mire.
-Además, en los últimos años han ocurrido casos tremendos de gatillo fácil como lo que pasó con el joven de La Falda, también el caso de Blas Correa, entre otros. Sé que es un tema amplio pero, ¿cómo se depura la Policía?
Lo primero tiene que ver con el nivel de capacitación y, vuelvo a decir, si el Director General de Recursos Humanos de la Policía de la Provincia dice que hace un año que no le pagan a quienes son los capacitadores, que han ido renunciando los capacitadores, que no existen los elementos para formar a los agentes, que los polígonos están prácticamente abandonados, como mostraron algunos medios. Y bueno me parece que el resultado es una consecuencia del proceso. No ha existido un proceso de capacitación entonces no podemos pretender tener una policía capacitada. Y el resultado, claramente, es muy malo porque el camino que se hizo es muy malo. La mayoría de los cordobeses tenemos miedo.
La denuncia de Julio Faría, ex Director General de Recursos Humanos de la Policía.
Julio Faría fue uno de los jefes que fue separado de la Policía de Córdoba tras el crimen de Jonatan Romo en la comisaría de La Falda. Una semana después de ser echado del cargo de director general de Recursos Humanos, Faría lanzó una contraofensiva cuestionando duramente la capacitación policial. Entre otras cosas, afirmó que “a los agentes se les toma exámenes de tiro cada tres o cuatro años. La periodicidad de la práctica no existe”. “Lo que sucedió en La Falda es un conjunto de cosas que venía preanunciando que podía pasar en cualquier punto de la provincia”, sostuvo sobre el asesinato de Romo. Y advirtió que esto mismo “puede seguir pasando” si no se revierte la situación dentro de la Fuerza. Para Faría las cosas pueden cambiar, “siempre y cuando se ejecute un plan integral de capacitación. Tienen que tomar la decisión. Estando yo en función, a esa decisión nunca la tomaron”.
La Policía de Córdoba cuenta con 22 mil empleados. De ese total son unos 16 mil quienes están en tareas operativas, pero no todos se encuentran en las calles. El ex funcionario aseguró que su reclamo “siempre fue reforzar las direcciones de Entrenamiento y de Defensa Personal”..
En su descargo, Faría indicó que “la Policía no tiene polígono de tiro propio. Ediliciamente tiene dos, pero están inhabilitados: uno en el subsuelo de la Jefatura y otro en la Escuela de Cadetes”. También detalló que la Policía alquiló uno al Tiro Federal Córdoba, pero que las condiciones no son las adecuadas: “No se pueden desarrollar otras actividades que no sean de tiro deportivo”. El ex jefe dijo que ante la carencia de espacios de práctica, se usan polígonos virtuales, algo que sí fue confirmado por el ministro Mosquera. “Pero ara que se den una idea, es como un juego de Play, hay dos para toda la Policía de la Provincia y no puede reemplazar a la actividad de tiro real”, agregó. Faría se lamentó de que “nunca” escucharan sus reclamos y denunció que “no había balas para tirar. “Cómo se hace para entrenar a miles de hombres si no tengo un polígono propio, ni una pista de atletismo para la actividad física, ni una pileta para actividades acuáticas”, cerró el ex funcionario.
